Tras siete meses desde su entrada en vigor ya se han tramitado más de 99.000 certificados energéticos y ahora, la Comunidad de Madrid, ha impuesto la primera sanción, de 4.000 euros, a un técnico por falseamiento de datos en la emisión del informe. "La información que recogía el certificado no se correspondía con la realidad", señala la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGI), organismo encargado de su registro y control.
La vivienda unifamiliar, que fue calificada inicialmente con la letra A, la más alta, resultó ser una vivienda de clase C tras una segunda inspección.
La sanción impuesta es ejemplarizante, ya que las multas pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros, según establece la Ley 8/2013, sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Por ejemplo, expedir certificados sin la información mínima es sancionable con hasta 600 euros y falsear los datos, como es el caso, puede alcanzar los 6.000 euros, al estar considerada como una infracción muy grave. Además, "el técnico sancionado contaba con la titulación precisa para la emisión de certificados energéticos de edificios", puntualizan desde la DGI.
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