La sabiduría popular afirma que “lo barato sale caro” y, una vez más, no
le falta razón. Algunos propietarios de casas en alquiler o a la venta en la
comunidad de Madrid se pueden enfrentar a una
importante multa que puede ir de los 1.200 a los 6.000 euros, y todo por intentar
ahorrarse unos pocos euros a la hora de obtener el Certificado Energético de la
vivienda.
Desde el pasado 1 de junio de 2013 cualquier propietario que quiera
vender o alquilar su casa necesita la famosa etiqueta que califica la eficiencia
vivienda y, con un parque de 1,8 millones de viviendas en alquiler y cerca de 2
millones de casas vacías, la oportunidad de ganar dinero fácil con la nueva normativa ha provocado
que la picaresca se dispare
entre las empresas dedicadas a la inspección.
Algunas de estas compañías ofertan a través de las páginas web de
descuentos certificaciones ‘de oído’ con ahorros
de entre el 50% y el 90%. La peculiaridad de estas inspecciones –y el
secreto de su bajísimo precio– es que el técnico no se desplaza a la vivienda a
evaluar sino que lo hace con los datos que le facilita el cliente a través del
teléfono o el correo electrónico.
Sin embargo, según una notificación enviada por la Consejería de Economía
y Hacienda de la comunidad de Madrid a la que ha tenido acceso este medio, estas
certificaciones ‘vía
telemática’ no son válidas y constituyen “una infracción en materia de consumo”,
por lo que el gobierno regional ha iniciado una campaña de lucha contra el
fraude.
Las autoridades Madrileñas defienden que estas inspecciones ‘de oído’
infringen la exigencia impuesta por el artículo 5.5 del real decreto 235/2013,
que regula la expedición de estos documentos y que exige que “durante el
proceso de certificación, el
técnico competente realizará las pruebas y comprobaciones necesarias, con la finalidad de
establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de
eficiencia energética con el edificio o con la parte del mismo”.
De hecho, la comunidad advierte que la publicación de anuncios de
viviendas en venta o alquiler en los que pruebe que la certificación energética
no se ha realizado conforme a las especificaciones legales podría ser
susceptible de sanción, de entre 1.200 y 6.000 euros, tanto
para el propietario de la vivienda, como para la empresa que realiza la
‘inspección’ y para el portal o página web que difunda el anuncio.
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visto en idealista.com/news
